PROPUESTAS DE CÁRITAS EN EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL

FUNDAMENTACIÓN DESDE LA VISIÓN Y MISIÓN DE CÁRITAS

1. Cáritas articula estas propuestas como respuesta a la apelación que nos lanza el Papa Francisco a ser parte de “una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (vídeomensaje a la XX Asamblea General de Cáritas Internationalis, Roma, 12 de mayo de 2015 ).

2. Desde esa voluntad de salir al encuentro público con el conjunto de los representantes políticos y los agentes sociales, presentamos este documento para contrib uir a la construcción de una sociedad cohesionada, justa y fraterna, a partir de la realidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a las que acompañamos.

3. Estas propuestas son también fruto de nuestra determinación para, como hombres y mujeres que vivimos y participamos en nuestras comunidades y barrios, donde somos testigos de la evolución de una realidad social y mundial en la que siguen presentes la desigualdad y la injusticia, “ayudar a los demás a cambiar el curso de la propia vida” y a ser “la sal, la levadura y la luz que ofrece un faro de esperanza a los necesitados” (mensaje de Francisco a la Asamblea General de Cáritas Internationalis)

4. Esta voluntad inequívoca de participar a través de este documento en la construcción del bien común ha sido expresada también con fuerza en la última Asamblea General de Cáritas Española, donde, a la luz del Evangelio, de la Doctrina Social de la Iglesia y de nuestras experiencias cotidianas de lucha contra la pobreza, reflexionamos sobre cuáles son las estrategias más adecuadas para proteger, en este momento de la historia, la dignidad y los derechos de las personas más empobrecidas.

5. En este camino como servicio organizado de la caridad nos sirve de marco el análisis que los obispos españoles realizan en la Instrucción Pastoral “ Iglesia, servidora de los pobres”, aprobada por la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

6. Queremos que, en el marco de una sociedad libre, abierta y democrática, se incorpore al debate pol ítico la mirada que desde las periferias de la precariedad nos propone ese documento, así como su defensa de los más pobres –en especial los inmigrantes–, su alerta sobre el mal moral que supone la corrupción y la llamada urgente a “recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por encima de los intereses individuales y egoístas”.

7. Constatamos que, como se indica en la Instrucción Pastoral, “la crisis no ha sido igual para todos” y que “para algunos, apenas han cambiado las cosas”. En Cárit as somos testigos de que, a pesar de ese cambio de ciclo que insinúan los datos macroeconómicos, la precariedad sigue manifestándose con gran intensidad en las personas y familias más empobrecidas. Por eso, hacemos nuestra la llamada a “recuperar la dimensión ética de la economía, y de una ética ´amiga´ de la persona”.

8. Esto significa, primero, poner a las personas en el centro de cualquier modelo de desarrollo y, segundo, emplazar a “las Administraciones Públicas, en cuanto garantes de los derechos, a que asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar, dotándolo de recursos suficientes” (n. 49).

9. Este documento de Propuestas, en el que se abordan reformas muy concretas en aquellas políticas públicas más relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos (protección social, salud, vivienda, empleo…) y con nuestra responsabilidad de solidad fraterna en el ámbito de la cooperación internacional –que consideramos imprescindible–, no puede entenderse como algo ajeno al modelo de sociedad y de ciudadanía basado en los valores que inspiran el ser y hacer de Cáritas.

10. Este modelo, “fundamentado en el principio de gratuidad y la lógica del don” (Caritas in veritate, n. 36), necesita enraizarse en nuevos estilos de vida más austeros y hábitos de consumo sostenibles, que hagan realidad el destino universal de los bienes y el bien común.

11. Nuestra apuesta es la de una sociedad integradora y diversa, en el que las personas se van construyendo mutuamente y van eliminado los espacios de “descarte” y de exclusión social.

12. Ese ir siendo personas en sociedad nos plantea la necesidad de construir otro marco de desarrollo basado en un nuevo humanismo, donde los ciudadanos poseemos bienes, pero no somos poseídos por ellos, y en el que se da también valor a lo intangible y a la calidad ante el predominio de lo material y la cantidad.

13. Los valores definen el modelo de persona y de sociedad. Actualmente, estamos instalados en unas premisas culturales que justifican algunos fenómenos de exclusión y donde se configuran ciertos valores como válidos, cuando, en realidad, están jugando un papel de contravalores al dar carta de normalidad a situaciones inaceptables de pobreza e injusticia.  En lo económico, los procesos sociales se despliegan desde la lógica del crecimiento. Esta lógica, limitada a lo económico, fractura la cohesión social porque deja de lado la dimensión insoslayable del desarrollo en un Estado social de derecho: la redistribución y la corresponsabilidad.  En lo social, la lógica del individualismo nos enfrenta a la quiebra de una concepción social de lo humano que nos aleja de la comunidad, de la fraternidad y provoca una concepción del bienestar como algo apropiable y acumulable, que transforma el bienestar en bientener.  Y en lo político, constatamos que puede darse en este ámbito una ruptura en la posibilidad de integración de todo lo que es diferente, que se despliega en un discurso que culpabiliz a a aquél que ha sido excluido –y que se torna así en autor de su propia situación– y asocia las seguridades a los mecanismos y fluctuaciones del mercado.

14. Por ello, estas Propuestas pretenden orientarse en torno a la defensa de cinco principios, cuyo enunciado recogemos de la Instrucción “ Iglesia, servidora de los pobres”:

14. 1. El destino universal de los bienes. En una cultura que excluye y olvida a los más pobres, hasta el punto de considerarlos un desecho para esta sociedad del consumo, es urgente tomar conciencia de este principio básico de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. Este principio hay que extenderlo hoy a los frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos, sino que han de estar al servicio de las necesidades primarias de todos los seres humanos. Esto nos exige velar especialmente por aquellos que se encuentran “descartados”.

14. 2. Solidaridad y defensa de los derechos humanos. Necesitamos repensar el concepto de solidaridad para responder adecuadamente a los problemas actuales. Debemos recordar que es la comunidad política ―por la acción de los legisladores, los gobiernos y los tribunales― la que tiene la responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos. A sus gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada y al cuidado de la salud. La implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo.

14. 3. El bien común. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. No se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencias de la justicia, ni mucho menos de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás, considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres.

14. 4. El principio de subsidiariedad. Este principio regula las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, permitiendo que estos puedan desarrollar su función sin ser anulados por el Estado u otras instancias de orden superior. Al distribuir la compleja red de relaciones que forman el tejido social, la subsidiariedad nos hace sentirnos como personas activas y responsables, que viven y se realizan en las distintas comunidades y asociaciones. El principio de subsidiariedad permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la privada; y reclama del Estado el respeto y estímulo a las organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida social. Pero no puede ser un pretexto para descargar sobre ellas sus obligaciones y para que el Estado eluda las responsabilidades que le son propias. Se trata de un fenómeno que está comenzando a suceder en la medida en que los organismos públicos pretenden desentenderse de los problemas transfiriendo a instituciones privadas servicios sociales básicos.

14. 5.El derecho a un trabajo digno y estable. La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es, ciertamente, la creación de empleo. Pero para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable. Un empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social. Es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social.

15. Estas Propuestas, en suma, pretenden suscitar en los poderes públicos, ante la convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas, un consenso tan urgente como necesario en torno a un modelo de convivencia cuyo eje sea la dignidad irrenunciable de cada persona, en cualquier situación y circunstancia.

16. “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros –indica Francisco en su encíclica Laudato si´ sobre el cuidado de la casa común–, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente” (n 229).

DECÁLOGO DE PROPUESTAS

1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del protocolo adicional de 1998

Cáritas propone que el Reino de España ratifique dicha revisión y su protocolo adicional sobre reclamaciones colectivas, con objeto de hacer posible que las garantías contempladas –en especial, la dignidad de toda persona– sean una realidad en todo el territorio del Estado. En 1980, España ratificó la Carta Social Europea, un instrumento jurídico fundamental para garantizar a los pueblos de Europa el acceso a sus derechos sociales. En 1996, se aprobó la Carta Social Europea Revisada adaptada a los nuevos cambios sociales y en 1998 un protocolo adicional que incorporaba las reclamaciones colectivas. Casi veinte años después, resulta imprescindible adecuar el marco normativo de reconocimiento de derechos sociales que ya han ratificado 33 miembros de los 47 Estados que componen el Consejo de Europa.

2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa

Cáritas plantea que la puesta en marcha de un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal supondría una medida eficaz para luchar contra la pobreza en general y, muy especialmente, contra la pobreza severa. Se trata de una propuesta urgente y de mínimos, cuyos elementos clave serían:  Prestación de ámbito estatal.  Destinada a los hogares ubicados bajo el umbral de la pobreza severa.  Enfocada desde el punto de vista del conjunto del hogar.  Complementada con otras prestaciones desarrolladas desde los ámbitos autonómicos.  Condicionada solamente a la renta del hogar y enfocando la misma desde la lógica del doble derecho.

3. Garantizar el acceso a la salud a todas las personas

Cáritas considera que se deber derogar el R.D.L. 16/2012 (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones) así como eliminar el copago farmacéutico. El modelo anterior a la reforma de una asistencia sanitaria universal y gratuita para las personas más vulnerables constituía un pilar de nuestro Estado Social y de Derecho, que evitaba desigualdades y garantizaba el Derecho Humano a la Salud. Asimismo, el copago farmacéutico debe suprimirse al no ser proporcional al nivel de rentas.

4. Proceder a reformas estructurales que conlleven la aplicación del derecho humano a una vivienda digna y adecuada

Cáritas propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, así como la implementación de medidas estatales como un Pacto por la Vivienda que aborde de manera estructural la emergencia habitacional que afecta a cientos de familias que viven en nuestro país. La solución a este problema pasa por una reforma legislativa orientada al reconocimiento de la dación en pago y el alquiler social de las personas afectadas, que garantice que nadie se encuentre sin un alojamiento digno y adecuado, e impida que alguien se vea abocado a vivir en la calle. Es necesario dar prioridad a formas de tenencia segura y económicamente accesibles, como el alquiler social, la cesión de uso y la propiedad cooperativa. Asimismo, proponemos fomentar el destino de las viviendas vacías al alquiler social

5. Empleo digno y salario justo

Cáritas propone que el Salario Mínimo Interprofesional tienda a equipararse siempre con el salario medio y no, como sucede ahora, al umbral de la pobreza, Además, es indispensable asegurar que se mantenga siempre por encima del incremento de la inflación. En ese sentido, la protección y promoción de un empleo digno pasa por garantizar un salario digno –especialmente para quienes tienen menor nivel educativo y de cualificación– y adecuado a la subida del nivel de vida.

6. Apuesta por la economía social y solidaria en la contratación Pñública:cláusulas sociales y ambientales

En los procedimientos de adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, Cáritas propone dar prioridad a empresas de economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, de acuerdo a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna, y responsabilidad ambiental y social. Es necesario potenciar la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en el sector de la contratación pública, y dotarlas de un presupuesto digno en el marco de los presupuestos generales. Con ello, la contratación pública podrá convertirse en un verdadero instrumento de inclusión social y de sostenibilidad medioambiental.

7. Evitar la irregularidad sobrevenida

Cáritas plantea que la renovación de las autorizaciones de residencia de las personas extranjeras no se vincule exclusivamente a estar en posesión de un contrato en vigor o una oferta de empleo. La irregularidad sobrevenida constituye uno de los principales escollos para la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad, al provocar que familias enteras caigan en procesos de vulnerabilidad y exclusión. Este problema origina unos costes de oportunidad laboral y social que son evitables.

8. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión

Cáritas pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía. Asimismo, proponemos el cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y el cese de los vuelos colectivos de repatriación. España debe cumplir en todo su territorio los acuerdos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del derecho sancionador que se extiende desde la llegada a nuestro país de la persona migrante en situación irregular hasta su posible expulsión.

9. Cumplir los objetivos de desarrolo sostenible

Cáritas considera necesario que el Reino de España concrete en su agenda política, con metas e indicadores precisos, los compromisos adquiridos en la Cumbre de Nueva York para la aplicación universal de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las metas e indicadores que se definan para la concreción de avances en cada uno de los Objetivos deben estar alineadas con las recomendaciones realizadas a España por las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.

10. Destinar el 0,7% del producto interior bruto a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible

Cáritas pide aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el marco de la nueva agenda de financiación del desarrollo para que se aproxime progresivamente al compromiso internacional del 0,7 % del Producto Interior Bruto de nuestro país. Como muestra inequívoca de esta voluntad, al final de la próxima legislatura se habrá alcanzado el 0,4 %, en línea con la media de los donantes de la UE.

La Ayuda Oficial al Desarrollo de los próximos años debe:  Nutrirse únicamente de aportaciones que sean reconocidas como AOD genuina por parte del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE)  Concentrarse en modalidades e instrumentos orientados hacia lucha contra pobreza y desigualdad.  Reflejar el liderazgo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en ese ámbito mediante el aumento sustantivo de su porcentaje en la gestión de la AOD de la Administración General del Estado. A final de la legislatura, ese porcentaje deberá haberse concentrado en las partidas de cooperación bilateral no reembolsable, de acción humanitaria y de educación para el desarrollo.